Hospitales en emergencia

El Gutiérrez, el Fernández y el Alvarez al borde del colapso

Hospitales en emergencia

Los médicos denunciaron que tendrán que externar a sus pacientes. Falta la mitad de las camas de terapia y de las enfermeras. Funciona el 30% de los quirófanos.  Qué dice el Ministerio de Salud.

Asociaciones de profesionales de hospitales públicos porteños denunciaron ante la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires que la situación asistencial está al borde del colapso y que si no se resuelve a la brevedad deberán externar pacientes "porque no habrá posibilidad de seguir atendiéndolos". Desde el Ministerio de Salud admitieron faltantes de insumos y personal, pero negaron la posibilidad del colapso sanitario.

En una conferencia de prensa realizada en la puerta del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, los médicos afirmaron que a los establecimientos les falta "la mitad de las enfermeras y de las camas de terapia que necesitan para atender la demanda asistencial"; sólo funciona menos del 30% de los quirófanos "con el consecuente atraso de las cirugías", no hay anestesistas los fines de semana y la infraestructura edilicia es "deplorable". En un detallado informe presentado ante la ombudsman local, los profesionales destacaron que "el personal de la salud está expuesto a riesgos de bioseguridad, químicos, físicos y accidentes de todo tipo, además del desgaste ocupacional que ha derivado en cuadros somáticos y depresiones que afectan severamente la salud de los trabajadores".

"Tenemos 392 enfermeras mientras que la dotación debería ser de 785", detalló la licenciada Susana Toporosi, presidente de la Asociación de Profesionales del hospital Gutiérrez.

Según la Resolución ministerial 1331/1 del Ministerio de Salud de la Nación, el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez debería tener entre 30 y 60 camas de UTI "pero sólo tenemos 16 y otras ocho instaladas en la unidad de cuidados posquirúrgicos", afirmó Toporosi. Y agregó: "Para el total de la Unidad debería haber un mínimo de 21 médicos de guardia y sólo hay 14 y ocho enfermeros, y sólo contamos con cinco en los días hábiles, y durante los fines de semana y feriados nada más que dos". Al tratarse de una de las únicas terapias pediátricas de alta complejidad de la región "están en mayor riesgo la vida de niños que ya ingresan en estado crítico". De acuerdo con la denuncia, "en el Gutiérrez hay 4.000 pacientes en lista de espera para cirugías, con motivo de que no terminan las obras de quirófanos, hay una espera de uno, dos o tres años para las cirugías de los chicos".

Por su parte, la doctora Ana Martínez, presidente de la Asociación de Profesionales del Hospital Fernández explicó que "la planificación del GCBA produjo durante años una disminución de las dotaciones de planta estable en todos los ámbitos, lo que fue resuelto con la designación en exceso de contratados, creando un nuevo problema: trabajadores con menos estabilidad y menos protección legal".

EL GOBIERNO ADMITE Y RESPONDE. Ana Aramburu es directora general de la Región Sanitaria IV a la que pertenecen los hospitales Gutiérrez, Rivadavia, Fernández y Pirovano. En diálogo con Crítica de la Argentina, admitió que existe un faltante de insumos en el sistema hospitalario "pero se está trabajando para resolverlo a la brevedad".

A la hora de las explicaciones, la funcionaria precisó que "a partir de junio de 2007 disminuyeron los stocks que cada hospital tenía por el faltante de insumos y esto generó que al presente estemos con un desfasaje, agravado por el cambio en la gestión de compras, que esta administración dispuso hacer de forma centralizada".

En cuanto a la carencia de enfermeras, Aramburu aseguró que "forma parte de un problema histórico, ya que no existe personal que acepte trabajar en el sector público por los salarios que se perciben". La directora reconoció que "hay un atraso con los nombramientos, acarreado de la gestión anterior; cuando asumimos había cerca de 4.000 pendientes, de los que ya se efectuaron 1.400 y van a salir los restantes en los próximos meses".

Por último, nuevamente admitió que existen muchos pacientes en lista de espera para cirugía, pero que "también forma parte de la herencia que recibimos de los gobiernos pasados.

Diario Crítica

Jueves 3 de julio

Año I | Edición Nº123 

Las razones de la política...

Por: Héctor A. Huergo

Las exportaciones de granos y sus derivados constituyen, por lejos,
la principal fuente de divisas para el país. Este año, a pesar de la
caída que registraron los embarques en el mes de mayo como
consecuencia del paro agropecuario, se espera que totalicen más de
30.000 millones de dólares, la mitad del ingreso total de divisas.
Como se advierte, se trata de un rubro de importancia estratégica
para el país, tanto por la afluencia de divisas como para el
financiamiento estatal: con el mecanismo de las retenciones móviles,
el gobierno espera hacerse de alrededor del 40% de esta cifra.

En las últimas semanas el sector proliferaron denuncias sobre
presuntas maniobras de las compañías exportadoras, que no están
liquidando las retenciones de acuerdo a los niveles fijados por el
gobierno. Hoy, las dos entidades que representan al sector hacen su
descargo en profusas solicitadas. Sostienen es que todo lo que se
viene liquidando corresponde a operaciones realizadas el año pasado,
cuando regían otros niveles de retenciones. Por ejemplo, del 27% para
la soja, que se elevaron al 35% en noviembre.

Durante octubre del 2007 hubo profusión de rumores, incluyendo
artículos en los principales diarios, que daban cuenta de un
inminente aumento de las retenciones. Se decía que el entonces
presidente Néstor Kirchner le quería dejar un colchón financiero a su
sucesora. Ante esos rumores, los productores se apuraron a vender, y
los importadores anticiparon sus compras, lo que derivó en un aluvión
de ventas y los registros correspondientes.

El gobierno, embarcado en la campaña electoral, no se animó a cerrar
el registro de declaraciones juradas, porque implicaba reconocer que
aumentarían las retenciones. Finalmente, cuando concretaron el
aumento, ya se había vendido la cuarta parte de la cosecha. Por la
política, ahora un nuevo nubarrón oscurece la escena.

http://www.clarin.com/diario/2008/06/26/elpais/p-00909.htm

Un experimento K para ver qué pasa

Se estableció un tope de 45 días para las declaraciones de
exportación: peligran las ventas anticipadas.

Por: Héctor Huergo

Ningún investigador social se atrevió a hacer el experimento de
frenar a un sector para ver qué pasa. Los Kirchner sí. Ahora lo
sabemos: si frenamos a la soja, el país se para. Lo que no sabemos es
cuánto y hasta cuándo. Porque la cuestión ya no se resume a un
eventual acuerdo por las retenciones.

Este fin de semana, hubo Turismo de Carretera en Posadas, Misiones.
Estuvo a punto de suspenderse, por el problema del transporte por las
rutas y la falta de combustible. Pero al final se corrió. Con algún
faltazo más que sugestivo. Como el del Pato Di Palma, que corre
patrocinado por la emblemática fábrica de cosechadoras Vassalli.

"No podíamos correr en estas circunstancias", reconoció a Clarín
Mariana Rossi Vassalli, presidenta de la empresa y nieta de su
fundador don Roque Vassalli. "El campo está totalmente desanimado, y
aún cuando los productores hayan abandonado las rutas, va a ser muy
difícil que recuperen la confianza y vuelvan a invertir", dice
preocupada. La empresa emplea a 600 obreros metalúrgicos y es la
principal fuente de trabajo de Firmat, en la provincia de Santa Fe.
Por el momento les queda el negocio de exportar a Venezuela, donde
coloca el 10% de su producción.

Pero el problema se extiende a su extensa red de concesionarios en
todo el país, donde ya se ha suspendido al personal. "Lo peor es que
a la caída vertical del mercado se suma la fuerte suba de los
insumos". Asegura que en promedio aumentaron un 30% en dólares,
liderados por la chapa. Un insumo que poco tiene que ver con la
inflación de los alimentos, tema al que el gobierno apela para
justificar las retenciones.

Todo el sector metalmecánico padece la misma situación. Y también el
comercio del interior, ya que la retracción del consumo se prolongará
mientras dure la desconfianza.

No contribuye a disipar la tormenta la nueva normativa para el
comercio de granos. En el medio del fragor de los piquetes, la
dirigencia no prestó mucha atención a la resolución de la ONCCA que
pone un plazo máximo de 45 días para las declaraciones juradas de
exportación, contra los 360 días vigentes hasta entonces. Esto
termina con los contratos forward, que son las ventas anticipadas que
hacen los productores a los exportadores para generar certidumbre de
precios.

Por ejemplo, ahora se podrían aprovechar los altos precios que rigen
para el maíz o el trigo en el mercado de futuros, y asegurarse estos
valores en el 2009. La restricción a los 45 días lo hace imposible.

Ricardo Echegaray, consultado por Clarín, dijo que en realidad existe
la posibilidad de estirar este plazo a 120 días, considerando que hay
quince días adicionales para cargar los barcos y otros dos meses de
prórroga en el caso de que se lo solicite el exportador por problemas
de logística. Pero sostiene que el nuevo régimen es simplemente la
reglamentación anticipada de una ley elaborada por los diputados
Rossi y Can tero que aprobará en Congreso en los próximos días. "El
objetivo es evitar que la burbuja financiera que se percibe en el
mercado de commodities alimente la inflación en la Argentina",
argumentó el titular de la ONCCA. Pero el remedio de terminar con el
mercado forward es, para productores y exportadores, demasiado caro.

http://www.clarin.com/diario/2008/06/24/elpais/p-01101.htm

Una transacción con un alto costo

Héctor A. Huergo

A esta altura, parece poco probable que el Gobierno pueda sostener la
resolución 125. La sensación térmica es que saldrá "algo intermedio":
ni volver al 10 de marzo -con la soja en el 35%, el maíz en el 27 y
el trigo en un punto más-, ni el 47% que correspondería al nivel de
ayer. Y también que finalmente quedará firme el sistema móvil, aunque
con tasas inferiores.

Es una transacción de alto costo, porque se consagraría por ley la
exacción de los derechos de exportación. Ya el 35% significaba que
los sojeros exitosos pagarían un impuesto a las ganancias del 60%,
casi el doble de lo que establece la ley. Pero al sancionarse por
ley, se despejaría uno de los cuestionamientos más severos: que las
retenciones son impuestos, y que por lo tanto requieren su
tratamiento en el Congreso. Bueno, ahora se dio ese paso.

No faltará quien plantee que la ley es inconstitucional, en razón del
otro punto cuestionado por varios juristas: el nivel confiscatorio de
las retenciones. La jurisprudencia ofrece parámetros muy concretos,
pero la aceptación de la situación de hecho durante años es un
antecedente que también juega.

Es probable que prospere la idea de que al menos una parte se pueda
aplicar al pago del impuesto a las ganancias, con lo que se atendería
el reclamo de las provincias. En la inteligente presentación judicial
de San Luis, por ejemplo, se sostiene que la provincia se ve afectada
en cifras gigantescas, ya que las retenciones no son coparticipables.
Al quitarse rentabilidad a los productores, el impuesto a las
ganancias (que sí es coparticipable) se minimiza.

Mientras tanto, lo que conviene saber es que el comercio de granos
está absolutamente parado. El Gobierno cree que sostener la
resolución 125 muestra fortaleza. Pero los chacareros no tienen ganas
de vender, porque están convencidos de que habrá cambios.

Por suerte para el campo y para el país, a pesar de la paralización
del comercio, los embarques tienden a normalizarse. El flujo de
mercadería a los puertos se ha normalizado y las plantas aceiteras
están recuperando el ritmo. Claro que en el marco de una enorme
incertidumbre, con nuevas reglas implementadas por la ONCCA, que
alteran profundamente la modalidad del comercio de granos y
subproductos. Por ejemplo, todos los pagos de retenciones desde
noviembre pasado son "a cuenta", hasta que se termine de reglamentar
el nuevo sistema.

En realidad, una vez definida el nivel y modalidad de las
retenciones, el centro de atención recaerá en estas modificaciones.
El titular de la ONCCA, Ricardo Echegaray, se define a sí mismo como
un "implementador de políticas", y no su generador.

Pero esta semana salió a explicar la base de sustentación de una de
las normativas más cuestionadas por los operadores. Se trata del
límite de 45 días para cargar la mercadería vendida, contra los 360
vigentes hasta el momento. En realidad, el plazo se extiende a los 60
días casi automáticamente. Y por causas de fuerza mayor, él mismo
podría decidir una prórroga de hasta 60 días más, caso por caso. Esto
pone nerviosos a los exportadores. La explicación que da Echegaray es
la misma que brindó esta semana el ex presidente Néstor Kirchner: que
hay una burbuja financiera operando en los mercados de granos. En
estas condiciones, el Gobierno cree que limitando las operaciones a
60 días, se evitaría que esa burbuja genere inflación en la Argentina.

Tengamos en cuenta que la Argentina sólo consume el 10% de los granos
que produce. El resto se exporta, y es una buena noticia que los
precios suban. Chile, que depende del cobre, sigue la estrategia
opuesta. Aprovecha la bolada para tomar posiciones en los mercados de
futuros. Así, se cubre de una eventual baja de los precios si la
burbuja se pincha.

Y de todas formas, más allá de la burbuja, lo que determina hoy la
suba de los precios es el clima en los Estados Unidos.

http://www.clarin.com/suplementos/rural/2008/06/28/r-01703606.htm

NOTA PUBLICADA EN ECOS DIARIOS EL 30/03/08

La crisis del sector agropecuario representa un antes y un después

 

Una paradoja envuelve al campo: A pesar que la coyuntura internacional es muy buena desde hace varios años, registrándose una activa demanda de sus productos, con precios muy sostenidos que han prácticamente sepultado la vigencia de la teoría del Dr. Raúl Prebisch de la pérdida de los términos del intercambio, el mismo está atravesando una crisis de proporciones, producto de políticas económicas que traban su dinámica y avanzan al mismo tiempo con una presión fiscal sin precedentes.

El campo argentino se ha modernizado, a partir de su constante capacitación y fuertes inversiones, hechos que constituyeron un marco óptimo para la utilización de un paquete tecnológico de última generación, el que a la postre permitió un aumento de productividad sin precedentes, responsable de cosechas récords. Haber producido grandes cantidades de oleaginosas, acorde a lo que el mundo demanda, pareciera no ser "políticamente bueno", de lo contrario no se entiende que tan siquiera se haya pensado poner en vigencia el nuevo régimen de retenciones.

Probablemente no haya sido correctamente evaluado por los técnicos del área económica de la Nación, el efecto derrame que sobre toda la economía genera el sector agropecuario. Importantes empresas de biotecnología, una gran industria de maquinaria agrícola, fertilizantes y fitosanitarios, importantes líneas de producción de vehículos de carga, una gran industria aceitera y de biodiesel, y miles de empresas de servicios conexos, por citar algunos ejemplos, son consecuencia directa de la revolución agrícola que ocurrió en Argentina. La articulación entre campo e industria ha sido tal, que no hay lugar para dilema alguno entre ambos sectores de la economía. La demanda directa e indirecta de empleo resultante de esa articulación es muy fácil de confirmar, siempre y cuando haya decisión política y humildad.

El bienestar a toda la sociedad que el incremento incesante de la producción agrícola ha generado, no vino solo por las ventajas naturales de nuestras tierras. Además del fuerte aporte de recursos de todo tipo, el sector agropecuario tuvo que enfrentarse a la competencia desleal generada por las políticas de subsidios europeos y americanos, como así también por la existencia de fuertes aranceles que traban en forma creciente el acceso de productos de mayor valor agregado a los principales mercados. En medio de esta crisis y como consecuencia de las soluciones propuestas, no vaya a ocurrir en el futuro, que la Argentina sea considerada en el comercio internacional, como un país que subsidia a su agricultura.

Tenemos que terminar con la vigencia de ideologías que incluyen preconceptos propios de otras épocas y exteriorizar la realidad del esfuerzo hecho por el sector.

El año pasado se recaudaron $ 20.450 millones por derechos de exportación, de los cuales, aproximadamente un 73 % correspondió a los productos agrícolas y agroindustriales, o sea casi, $ 15.000 millones (unos US$ 4.750 millones).

Si con el objetivo de asegurar alimentos muy baratos para toda la población, el Estado decidiera comprar todos los cereales y oleaginosas que se consumen en el mercado interno (1 mt de girasol, 7 mt de maíz, 2,2 mt de soja, 2 mt de sorgo y 5 mt de trigo anuales respectivamente) y entregárselos sin cargo a las agroindustrias argentinas para que permitan cumplir dicho objetivo, tomando en cuenta los precios FOB actuales establecidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, netos de los porcentajes de derechos de exportación que regían antes de la aplicación de la Resolución 125/08 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación y con el cómputo de otros gastos de transacción usuales para llegar a los precios FAS, tendría que erogar US$ 3.892,24 millones, por lo que le sobraría todavía mucho con relación a lo que recaudó el año 2007, a través del  esquema anterior de retenciones.

Esta es una prueba más acerca que la única finalidad del aumento de retenciones instrumentado por la referida resolución del Ministerio de Economía y Producción, fue fiscalista. El Gobierno Nacional tendría varias alternativas de uso de los US$ 4.750 millones recaudados anteriormente, una podría ser el efectivo abaratamiento de los precios de los alimentos en el mercado interno, como expresé antes. Con este análisis, queda demostrado que podría bajar dichos precios a niveles inimaginables hoy. Otra solución podría consistir en crear un programa alimentario que asegure a cuatro millones de argentinos muy pobres, el acceso a cuatro comidas diarias, financiándolo con los US$ 4.750 millones que anualmente recaudaría si mantuviera sin cambio el régimen de retenciones. Ambas serían medidas concretas de redistribución del ingreso. Pero no se aplican…

Es muy probable que la Presidenta de la Nación haya sido malinformada de la verdadera situación del campo y de la importancia del esfuerzo económico que hizo y que constantemente hace para el bien de la economía nacional.

Es muy duro también decirlo, pero el nuevo régimen de retenciones resulta inconstitucional. Por un lado se presenta un abuso de facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo a través del Código Aduanero, violando lo establecido en el artículo 75 inciso 1 de la Constitución Nacional. Y por otro lado, las alícuotas establecidas en el mismo, resultan confiscatorias, violando el artículo 17 de la Carta Magna. Este cambio de reglas de juego genera también, una importantísima transferencia de ingreso desde las Provincias a la Nación –porque los derechos de exportación no se coparticipan-, aumentando el poder central en desmedro del régimen federal. Pero también deja lugar a pensar que se ha generado una reforma agraria no convencional, a partir de la cual, el Estado Nacional se apropia del usufructo del campo y deja los títulos de propiedad en poder de sus legítimos dueños.

En las recientes elecciones nacionales, todo un país apostó por un cambio institucional, por políticas que aseguren la división de poderes, fortaleciendo a las instituciones. Por eso no debe sorprender también el "cacerolazo" que se registró en las grandes ciudades, los que por un lado expresaron su agradecimiento al sector agropecuario por el enorme esfuerzo que viene realizando, pero por otro, un pedido de respeto a las instituciones de la democracia, exteriorizado por acciones racionales aplicadas con humildad.

En estas circunstancias, se torna imperioso definir políticas para el sector agropecuario que surjan de análisis económicos abarcativos (considerando el impacto global en la economía de la actividad de aquél), dinámicos y transparentes, consensuados por todos los actores, porque de otra manera, cualquier solución será transitoria e inestable, produciendo un daño irreversible. La producción agrícola dejará paulatinamente de ser sustentable, perderá productividad y la economía del País en su conjunto, pagará las consecuencias.

Como el campo, huir hacia delante

Héctor A. Huergo

El Gobierno puso sobre la mesa una promesa de construir 30
hospitales, 150.000 viviendas y muchos kilómetros de caminos rurales
con la plata de las retenciones móviles. Con ello, dio por concluido
el conflicto con el campo. ¿La casa está en orden?

Es difícil hacer vaticinios sobre cómo sigue y como termina el
conflicto.

Hay muchos especialistas en los complejos vericuetos de la política
que ensayan sus teorías. No es para nosotros. Sólo nos animamos a
analizar lo que podría haber ocurrido si este conflicto se evitaba.
Que, a pesar del daño causado, podría todavía ocurrir. Sí, nos gusta
huir hacia delante, que es lo que el campo viene haciendo. Por suerte
para el país, el campo atravesó los últimos veinte años -con todas
las turbulencias, gobiernos y políticas económicas divergentes- sin
dejar de crecer.

Veamos. Esta semana el maíz tocó varios días seguidos el límite de
alza en Chicago. Está rozando los 300 dólares por tonelada. El triple
que en la década del 90. La soja también subió en estos días, pero en
menor medida.

Ya antes de estas subas, los analistas del corn belt sostenían que la
paridad de precios maíz/soja era mucho más favorable para el primero,
a pesar del altísimo costo de los fertilizantes (el maíz requiere un
alto uso de nitrógeno, la soja no).

¿Qué significa esto para el agro y para el país en su conjunto?
Primero, refresquemos que el maíz es el segundo rubro en importancia
de toda la economía argentina, detrás de la soja.

Considerando los valores actuales, y con una cosecha de 21 millones
de toneladas, el valor bruto de la producción de maíz es de 6.200
millones de dólares. Aún cuando es la cuarta parte del valor que hoy
alcanza la cosecha de soja, es más que la industria automotriz,
siempre considerada como paradigmática.

Podríamos decir que además el maíz le agrega valor a esta industria,
ya que las camionetas se consumen en llevar semilla, o ingenieros
para decidir el plan de siembra de cada lote. En la visión
tradicional, el maíz es un "producto primario". Pero en la línea de
montaje de una fábrica de maíz, que es un campo sembrado, concurren
fertilizantes, agroquímicos, gasoil, semillas desarrolladas con el
auxilio de la biotecnología, tractores, sembradoras, fumigadoras,
cosechadoras, secadoras y sistemas de ensilado.

El Gobierno cree que hay que agregarle valor convirtiéndolo en alitas
de pollo, lo cual es sin duda muy plausible y saludable. Pero a la
luz de lo que está ocurriendo en estos días, pareciera que la gran
oportunidad en el corto plazo es aumentar la producción. No sólo de
maíz, de todo. Sí, también de soja. Si algo fue desmentido por la
realidad es esa cuestión de que la soja no genera empleo, etc. Ahora
vemos que con el excedente de retenciones sobre el 35% para la soja
vamos a construir centros de salud, casas y caminos en gran escala. Y
los camioneros dicen que hay 160.000 familias que dependen del "yuyo
maldito".

Pero si el país se normalizara, estaríamos pensando fuerte en el
choclo. Los farmers están tapados por el agua, van a perder muchas
hectáreas y hay cada vez más compradores. A pesar de la polémica
sobre alimentos vs. agroenergía, van a necesitar 100 millones de
toneladas para las plantas de etanol. Recordemos: el petróleo se fue
a 140 dólares y sigue.

Aquí tenemos los nuevos híbridos con genes apilados, los
fertilizantes algo más baratos que en el mundo, y toda la maquinaria
para sembrar los mejores maíces del mundo. Con 2 millones de
hectáreas más, en alguna parte robadas a la soja, podemos tener 35
millones de toneladas en el 2009. A precios de hoy, 10.000 millones
de dólares FOB. Y la soja seguiría expandiéndose para bien de todos.
Y con ella, el trigo, su antecesor en la rotación.

Estaremos soñando. Puede ser, pero no parecía un sueño muy loco.

http://www.clarin.com/suplementos/rural/2008/06/14/r-01693706.htm

¿Cuánto valdría el pan sin retenciones?

La harina, que viene del trigo, representa el 20% del costo de
elaboración del pan, dicen especialistas.

Hernán Guzzetti

"El aumento de las retenciones no es una medida fiscal. Lo que
quieren es que las retenciones no existan, para que tengamos que
pagar 15 pesos el kilo de pan", dijo el martes el ex presidente
Néstor Kirchner, en conferencia de prensa. Hoy, el kilo de pan varía
entre los 4,5 y 5 pesos. ¿Podría el pan aumentar 10 pesos si no
hubieran retenciones?. Quizás se pueda ensayar una respuesta.

Hoy, los molinos sostienen que le pagan al productor $ 780 la
tonelada de trigo, es decir, $ 0,78 el kilo. Ese precio tiene 30% de
retenciones. Si se las quitaran, el precio de la tonelada de trigo
llegaría a $1.014. Es decir que en 1.000 kilos de trigo la diferencia
sería de $ 234. Y en un kilo de 0,23 centavos.

Ahora bien, el pan es esencialmente trigo, más un poco de agua, sal y
levadura. Entonces, con la receta en mano se puede inferir que con un
kilo de trigo se produce un kilo de pan.

Así, se deduce que el costo de fabricar un kilo de pan sin
retenciones se incrementaría en sólo 0,23 centavos. ¿Pueden esos 23
centavos llevar el precio del pan a 15 pesos? Pareciera que no. En
definitiva, el precio del kilo de pan en el mostrador podría llegar a
$5,23 en promedio.

Rubén Salvio, presidente de la Federación Argentina de la Industria
del Pan, confirma la ecuación. El dirigente dijo a Clarín Rural que
"la harina sólo representa el 20% del precio final del producto". Lo
demás son salarios, fletes, impuestos y demás.

Por citar un ejemplo, hoy el sueldo básico de los panaderos es de $
1.500 que, más las cargas sociales, llega a los $ 2.400, según
informó Salvio. La industria panadera genera 300.000 puestos de
trabajo de forma directa e indirecta.

Por eso, el precio promedio del pan puede variar en todo el país de
acuerdo a la carga impositiva de cada panadería, la cantidad de
empleados y demás. Pero en esa cuenta poco inciden los 23 centavos
más que se pagarían por un kilo de trigo sin retenciones.

En definitiva, cada una de las 30.000 panaderías que hay en el país
harán sus cuentas para llegar al precio final del pan.

Pero, por el momento, más allá de las retenciones, hoy en la
Federación de Panaderos están preocupados porque "son pocos los
molinos que aún tienen harina", dijo Salvio.

http://www.clarin.com/suplementos/rural/2008/06/21/r-01698532.htm