La crisis del sector agropecuario representa un antes y un después
Una paradoja envuelve al campo: A pesar que la coyuntura internacional es muy buena desde hace varios años, registrándose una activa demanda de sus productos, con precios muy sostenidos que han prácticamente sepultado la vigencia de la teoría del Dr. Raúl Prebisch de la pérdida de los términos del intercambio, el mismo está atravesando una crisis de proporciones, producto de políticas económicas que traban su dinámica y avanzan al mismo tiempo con una presión fiscal sin precedentes.
El campo argentino se ha modernizado, a partir de su constante capacitación y fuertes inversiones, hechos que constituyeron un marco óptimo para la utilización de un paquete tecnológico de última generación, el que a la postre permitió un aumento de productividad sin precedentes, responsable de cosechas récords. Haber producido grandes cantidades de oleaginosas, acorde a lo que el mundo demanda, pareciera no ser "políticamente bueno", de lo contrario no se entiende que tan siquiera se haya pensado poner en vigencia el nuevo régimen de retenciones.
Probablemente no haya sido correctamente evaluado por los técnicos del área económica de la Nación, el efecto derrame que sobre toda la economía genera el sector agropecuario. Importantes empresas de biotecnología, una gran industria de maquinaria agrícola, fertilizantes y fitosanitarios, importantes líneas de producción de vehículos de carga, una gran industria aceitera y de biodiesel, y miles de empresas de servicios conexos, por citar algunos ejemplos, son consecuencia directa de la revolución agrícola que ocurrió en Argentina. La articulación entre campo e industria ha sido tal, que no hay lugar para dilema alguno entre ambos sectores de la economía. La demanda directa e indirecta de empleo resultante de esa articulación es muy fácil de confirmar, siempre y cuando haya decisión política y humildad.
El bienestar a toda la sociedad que el incremento incesante de la producción agrícola ha generado, no vino solo por las ventajas naturales de nuestras tierras. Además del fuerte aporte de recursos de todo tipo, el sector agropecuario tuvo que enfrentarse a la competencia desleal generada por las políticas de subsidios europeos y americanos, como así también por la existencia de fuertes aranceles que traban en forma creciente el acceso de productos de mayor valor agregado a los principales mercados. En medio de esta crisis y como consecuencia de las soluciones propuestas, no vaya a ocurrir en el futuro, que la Argentina sea considerada en el comercio internacional, como un país que subsidia a su agricultura.
Tenemos que terminar con la vigencia de ideologías que incluyen preconceptos propios de otras épocas y exteriorizar la realidad del esfuerzo hecho por el sector.
El año pasado se recaudaron $ 20.450 millones por derechos de exportación, de los cuales, aproximadamente un 73 % correspondió a los productos agrícolas y agroindustriales, o sea casi, $ 15.000 millones (unos US$ 4.750 millones).
Si con el objetivo de asegurar alimentos muy baratos para toda la población, el Estado decidiera comprar todos los cereales y oleaginosas que se consumen en el mercado interno (1 mt de girasol, 7 mt de maíz, 2,2 mt de soja, 2 mt de sorgo y 5 mt de trigo anuales respectivamente) y entregárselos sin cargo a las agroindustrias argentinas para que permitan cumplir dicho objetivo, tomando en cuenta los precios FOB actuales establecidos por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, netos de los porcentajes de derechos de exportación que regían antes de la aplicación de la Resolución 125/08 del Ministerio de Economía y Producción de la Nación y con el cómputo de otros gastos de transacción usuales para llegar a los precios FAS, tendría que erogar US$ 3.892,24 millones, por lo que le sobraría todavía mucho con relación a lo que recaudó el año 2007, a través del esquema anterior de retenciones.
Esta es una prueba más acerca que la única finalidad del aumento de retenciones instrumentado por la referida resolución del Ministerio de Economía y Producción, fue fiscalista. El Gobierno Nacional tendría varias alternativas de uso de los US$ 4.750 millones recaudados anteriormente, una podría ser el efectivo abaratamiento de los precios de los alimentos en el mercado interno, como expresé antes. Con este análisis, queda demostrado que podría bajar dichos precios a niveles inimaginables hoy. Otra solución podría consistir en crear un programa alimentario que asegure a cuatro millones de argentinos muy pobres, el acceso a cuatro comidas diarias, financiándolo con los US$ 4.750 millones que anualmente recaudaría si mantuviera sin cambio el régimen de retenciones. Ambas serían medidas concretas de redistribución del ingreso. Pero no se aplican…
Es muy probable que la Presidenta de la Nación haya sido malinformada de la verdadera situación del campo y de la importancia del esfuerzo económico que hizo y que constantemente hace para el bien de la economía nacional.
Es muy duro también decirlo, pero el nuevo régimen de retenciones resulta inconstitucional. Por un lado se presenta un abuso de facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo a través del Código Aduanero, violando lo establecido en el artículo 75 inciso 1 de la Constitución Nacional. Y por otro lado, las alícuotas establecidas en el mismo, resultan confiscatorias, violando el artículo 17 de la Carta Magna. Este cambio de reglas de juego genera también, una importantísima transferencia de ingreso desde las Provincias a la Nación –porque los derechos de exportación no se coparticipan-, aumentando el poder central en desmedro del régimen federal. Pero también deja lugar a pensar que se ha generado una reforma agraria no convencional, a partir de la cual, el Estado Nacional se apropia del usufructo del campo y deja los títulos de propiedad en poder de sus legítimos dueños.
En las recientes elecciones nacionales, todo un país apostó por un cambio institucional, por políticas que aseguren la división de poderes, fortaleciendo a las instituciones. Por eso no debe sorprender también el "cacerolazo" que se registró en las grandes ciudades, los que por un lado expresaron su agradecimiento al sector agropecuario por el enorme esfuerzo que viene realizando, pero por otro, un pedido de respeto a las instituciones de la democracia, exteriorizado por acciones racionales aplicadas con humildad.
En estas circunstancias, se torna imperioso definir políticas para el sector agropecuario que surjan de análisis económicos abarcativos (considerando el impacto global en la economía de la actividad de aquél), dinámicos y transparentes, consensuados por todos los actores, porque de otra manera, cualquier solución será transitoria e inestable, produciendo un daño irreversible. La producción agrícola dejará paulatinamente de ser sustentable, perderá productividad y la economía del País en su conjunto, pagará las consecuencias.
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