Una transacción con un alto costo

Héctor A. Huergo

A esta altura, parece poco probable que el Gobierno pueda sostener la
resolución 125. La sensación térmica es que saldrá "algo intermedio":
ni volver al 10 de marzo -con la soja en el 35%, el maíz en el 27 y
el trigo en un punto más-, ni el 47% que correspondería al nivel de
ayer. Y también que finalmente quedará firme el sistema móvil, aunque
con tasas inferiores.

Es una transacción de alto costo, porque se consagraría por ley la
exacción de los derechos de exportación. Ya el 35% significaba que
los sojeros exitosos pagarían un impuesto a las ganancias del 60%,
casi el doble de lo que establece la ley. Pero al sancionarse por
ley, se despejaría uno de los cuestionamientos más severos: que las
retenciones son impuestos, y que por lo tanto requieren su
tratamiento en el Congreso. Bueno, ahora se dio ese paso.

No faltará quien plantee que la ley es inconstitucional, en razón del
otro punto cuestionado por varios juristas: el nivel confiscatorio de
las retenciones. La jurisprudencia ofrece parámetros muy concretos,
pero la aceptación de la situación de hecho durante años es un
antecedente que también juega.

Es probable que prospere la idea de que al menos una parte se pueda
aplicar al pago del impuesto a las ganancias, con lo que se atendería
el reclamo de las provincias. En la inteligente presentación judicial
de San Luis, por ejemplo, se sostiene que la provincia se ve afectada
en cifras gigantescas, ya que las retenciones no son coparticipables.
Al quitarse rentabilidad a los productores, el impuesto a las
ganancias (que sí es coparticipable) se minimiza.

Mientras tanto, lo que conviene saber es que el comercio de granos
está absolutamente parado. El Gobierno cree que sostener la
resolución 125 muestra fortaleza. Pero los chacareros no tienen ganas
de vender, porque están convencidos de que habrá cambios.

Por suerte para el campo y para el país, a pesar de la paralización
del comercio, los embarques tienden a normalizarse. El flujo de
mercadería a los puertos se ha normalizado y las plantas aceiteras
están recuperando el ritmo. Claro que en el marco de una enorme
incertidumbre, con nuevas reglas implementadas por la ONCCA, que
alteran profundamente la modalidad del comercio de granos y
subproductos. Por ejemplo, todos los pagos de retenciones desde
noviembre pasado son "a cuenta", hasta que se termine de reglamentar
el nuevo sistema.

En realidad, una vez definida el nivel y modalidad de las
retenciones, el centro de atención recaerá en estas modificaciones.
El titular de la ONCCA, Ricardo Echegaray, se define a sí mismo como
un "implementador de políticas", y no su generador.

Pero esta semana salió a explicar la base de sustentación de una de
las normativas más cuestionadas por los operadores. Se trata del
límite de 45 días para cargar la mercadería vendida, contra los 360
vigentes hasta el momento. En realidad, el plazo se extiende a los 60
días casi automáticamente. Y por causas de fuerza mayor, él mismo
podría decidir una prórroga de hasta 60 días más, caso por caso. Esto
pone nerviosos a los exportadores. La explicación que da Echegaray es
la misma que brindó esta semana el ex presidente Néstor Kirchner: que
hay una burbuja financiera operando en los mercados de granos. En
estas condiciones, el Gobierno cree que limitando las operaciones a
60 días, se evitaría que esa burbuja genere inflación en la Argentina.

Tengamos en cuenta que la Argentina sólo consume el 10% de los granos
que produce. El resto se exporta, y es una buena noticia que los
precios suban. Chile, que depende del cobre, sigue la estrategia
opuesta. Aprovecha la bolada para tomar posiciones en los mercados de
futuros. Así, se cubre de una eventual baja de los precios si la
burbuja se pincha.

Y de todas formas, más allá de la burbuja, lo que determina hoy la
suba de los precios es el clima en los Estados Unidos.

http://www.clarin.com/suplementos/rural/2008/06/28/r-01703606.htm